Si el principal negocio del crimen organizado en México es el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ¿por qué asesinar estudiantes que no tienen relación con ello? Para entender los motivos represores del crimen organizado hay que empezar por reconocer uno de los cambios más importantes en la industria criminal de los últimos años.
En Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, el crimen organizado ya no solo intenta monopolizar el trasiego de la droga sino que ahora pasó a una nueva fase en la que uno de sus grandes objetivos es la toma del poder local –apoderarse de los municipios y sus recursos y extraer la riqueza local a través de la tributación forzada–.
En zonas donde diferentes grupos criminales se disputan el control del tráfico de droga, para sufragar estos conflictos el crimen organizado fue paulatinamente expandiendo su acción a industrias extractivas de recursos naturales.
En esta nueva estrategia los grupos criminales encontraron un valioso botín: el municipio y sus contribuyentes. Como lo demuestra la terrible experiencia de Michoacán, el crimen organizado se apropiaba del 30% del presupuesto anual de obra pública de los municipios; exigía que los contratos de obra pública se otorgaran a constructoras bajo su control; y cobraba el 20% de la nómina salarial de la burocracia local.
Pero la infiltración del municipio fue más allá: los grupos criminales se apoderaron de las arcas públicas donde obtenían información fidedigna que les permitiera extorsionar con mayor eficacia a los hoteles, restaurantes y pequeños negocios de las ciudades bajo su dominio.
Para apoderarse de los municipios y sus contribuyentes, los grupos criminales empezaron por doblegar a las autoridades locales. Mediante el soborno o la extorsión, fueron subordinando a los presidentes municipales en las zonas de conflicto.
Aunque en el imaginario nacional está más presente el soborno y la corrupción de los alcaldes, hay también una larga lista de autoridades municipales, candidatos y activistas políticos locales que han sufrido atentados o han sido asesinados por el crimen organizado.
Con un equipo en la Universidad de Notre Dame, se han identificado más de 300 atentados y ejecuciones de autoridades locales por parte del crimen organizado en los últimos seis años.
Los estados vecinos de Michoacán y Guerrero encabezan la lista con más de un tercio del total de ataques y en Guerrero las zonas Norte, Tierra Caliente, Costa Grande y Centro son los focos de la violencia.
En estos municipios, donde ser autoridad pública se ha convertido en un empleo de alto riesgo, el crimen organizado empezó a postular a sus propios candidatos –como parece haber sido el caso del alcalde de Iguala.
Para lograr la hegemonía local, los grupos del crimen organizado requieren de una sociedad aterrorizada, incapaz de desobedecer los dictados de las autoridades de facto. Por ello los criminales buscan establecerse en zonas con poca organización social.
Pero cuando los sitios estratégicos para el trasiego y la producción de droga están en lugares donde operan fuertes movimientos sociales y comunitarios, los grupos criminales intentan doblegar a los colectivos sociales mediante la compra de sus líderes o mediante la represión selectiva y ejecuciones ejemplares.
La masacre de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue una acción estratégica y premeditada para sembrar el terror y doblegar a los grupos de la sociedad civil que en Iguala y en municipios aledaños participaban en distintos procesos de articulación social para hacerle frente a las extorsiones, secuestros y asesinatos por parte del crimen organizado y de las autoridades públicas a su servicio.
La masacre fue un acto de reconstitución del poder local; una acción barbárica mediante la cual el grupo criminal Guerreros Unidos quiso dejarle en claro a los movimientos sociales de la región quién era el mandamás.
Fue también, una ejecución ejemplar para incentivar a los ciudadanos y a los pequeños y medianos empresarios y comerciantes de la región a continuar pagando el "derecho de piso" y con ello consolidar la toma criminal del poder en la zona.
Estos intentos de reconstituir el poder local mediante la violencia son posibles por la protección informal que los grupos del crimen organizado han tejido en las procuradurías estatales, en las policías ministeriales, en los ministerios públicos, en las prisiones y en las delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República (PGR).
HISTORIA DE IMPUNIDAD
Estos actos brutales de reconstitución del poder local en Guerrero son posibles, también, por la larga historia de impunidad de la que han gozado los gobernantes del Estado desde los años dorados del autoritarismo priista hasta nuestros días. La brutalidad de la guerra sucia de los gobiernos del PRI en contra de grupos guerrilleros y estudiantiles disidentes de los años setentas alcanzó en el caso específico de Guerrero niveles equiparables a las guerras sucias de Chile y Argentina. Pero estos actos quedaron impunes y la misma clase política que asesinó a disidentes sociales se ha mantenido en el poder bajo el cobijo del PRI y ahora de la izquierda partidista. Aunque el mundo ha cambiado y México y Guerrero han cambiado, la impunidad es la constante. Y esa impunidad hace posible las matanzas de Aguas Blancas y El Charco y ahora la ignominia de Iguala.
En Guerrero, gobernantes y criminales, ya sea separados o coludidos, saben que eliminar a grupos sociales disidentes son crímenes que no se castigan. Cuando el Alcalde de Iguala o su secretario de seguridad o el subsecretario ordenaron los disparos en contra de los estudiantes y entregaron a los detenidos a los sicarios, tenían, tristemente, una larga historia de impunidad de su lado
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