Por ahora, agregó, agentes del Ministerio Público integran la averiguación previa correspondiente. La dependencia indicó que fueron aseguradas nueve casas-habitación con acabados de lujo y dos cabañas; ocho de estos inmuebles se localizan en la zona centro y los restantes en el Periférico Norte del municipio.
Agregó que los domicilios se encuentran relacionados en hechos ilícitos vinculados con líderes templarios.
Precisó que en el operativo no hubo ningún detenido, pues tanto las casas como las cabañas se encontraban desocupadas.
El pasado 29 de septiembre fueron asegurados una gasolinera, un hotel y una bodega, propiedades de La Tuta en ese mismo municipio.
De acuerdo con algunas versiones, el hotel era usado por los templarios para pernoctar e incluso en ese espacio se realizó una entrevista televisiva.
Respecto a la gasolinera, el procurador del estado, José Martín Godoy, señaló en esa ocasión que había sido quitada a sus legítimos dueños por La Tuta y era parte fundamental para la operación de la organización delictiva.
Mencionó que continuarían con el trabajo de investigación para identificar más inmuebles en la zona serrana de Michoacán, lugar que servía de búnker a los templarios.
Las autoridades estatales y federales en días recientes detuvieron a varios sujetos allegados al capo michoacano, entre ellos integrantes del primer círculo de seguridad.
También a operadores jurídicos y financieros, quienes dieron detalle de la ubicación de las propiedades ya aseguradas.
Asimismo, en la región costera de la entidad persisten operativos de vigilancia, para localizar a La Tuta, quien se presume puede estar en alguna de las tenencias del municipio de Lázaro Cárdenas.
A comprobar ilícito
La Suprema Corte de Justicia determinó que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de comprobar que en los predios sujetos a extinción de dominio se cometió el ilícito, además de que se deberá reconocer el derecho del dueño a presentar pruebas durante el proceso para evitar que le quiten su propiedad.
Ya no procederá de manera automática la enajenación del predio pese a la existencia de la flagrancia del delito, pues ahora el propietario podrá presentar las pruebas dentro del juicio de extinción para fundamentar lo que a su derecho convenga.
Los ministros de la Primera Sala resolvieron que durante los juicios de extinción de dominio en el Distrito Federal es indispensable que en el proceso penal se determine que en el inmueble enajenado se cometió el delito.
Reconocieron el derecho del "afectado de buena fe" para que presente pruebas de inocencia respecto a que actuó dentro de la legalidad en la renta del inmueble, ignorando las actividades ilícitas de sus inquilinos.
Así se dio un revés a lo estipulado por los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes en la carga de la prueba impusieron al propietario la responsabilidad de demostrar que en su predio o inmueble no se cometía delito alguno.
Con la resolución del alto tribunal constitucional, los indicios que acrediten la existencia del ilícito y que el propietario tenía conocimiento de que su bien tenía un fin distinto para el que lo alquiló deberá presentarlos el Ministerio Público, y a partir de ese razonamiento el afectado deberá desvirtuar la mala fe que se le imputa.
En cuanto a la protección a las víctimas, se explicó que la incorporación de la institución de extinción de dominio al sistema jurídico mexicano forma parte de una serie de reformas encaminadas, precisamente, a la implementación de una justicia restaurativa a favor de aquéllas.
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