viernes, 15 de agosto de 2014

Surgen dudas sobre la veracidad en relación al abatimiento de 'Nacho' Coronel

México.- El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR).

Entregar versión pública de los exámenes de identidad o peritaje practicados a Ignacio Coronel Villarreal, alias "Nacho Coronel", para confirmar su muerte o abatimiento. El particular que solicitó esa información se inconformó y presentó.

Un recurso de revisión ante este Instituto porque la dependencia se declaró incompetente y lo orientó a presentar su requerimiento ante la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, argumentando que en ese estado ocurrieron los hechos.

Sin embargo, en el análisis del caso, el comisionado ponente, Oscar Guerra Ford, advirtió que el gobierno del estado de Jalisco atribuyó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) la competencia para la identificación de Ignacio Coronel Villarreal.

Asimismo, y de acuerdo con información pública oficial, concluyó que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del estado de Jalisco sólo apoyó a la PGR para practicar las pruebas de identificación biológica del occiso, que consistieron en la confrontación del perfil genético del occiso con el de su hermana biológica.

Aunado a ello, el comisionado señaló que la PGR fue la instancia que ejerció acción penal contra Ignacio Coronel Villarreal y, previo a su captura, ofreció una recompensa a quienes proporcionaran información útil para su detención.

Finalmente, precisó que, de acuerdo con la normatividad aplicable, la dependencia cuenta con unidades administrativas competentes para conocer la información a las cuales no turnó la solicitud, como la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, la Dirección General del Centro de Comunicaciones y la Coordinación General de Servicios Periciales.

Por lo anterior, el Pleno del IFAI resolvió revocar la incompetencia manifestada por la PGR y le instruyó proporcionar al recurrente la información de su interés, en versión pública.

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