Gonzalo Martín Souza Neves –el jueves 10 en Puebla–, marcan una nueva etapa de la disputa del corredor de drogas que conecta la sierra y la zona norte de Guerrero con el sur del Estado de México, donde se advierte un recrudecimiento de la violencia, la cual en Chilapa, plaza que conecta La Montaña con el Centro de Guerrero, dejó la semana pasada 14 muertos y nueve heridos.
Informes federales consultados por este semanario asientan que el grupo dirigido por Héctor Beltrán Leyva, El H –afincado en Acapulco–, aliado con las bandas locales pretende retomar el control de las plazas alguna vez dominadas por Arturo Beltrán Leyva, las cuales están ahora en poder de lo que queda de Los Rojos.
Esta situación tiene en jaque a las autoridades pues la batalla por la zona centro ha salpicado al gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero y a los alcaldes priístas de los tres municipios en disputa: Mario Moreno Arcos, de Chilpancingo de los Bravo; Ignacio Bacilio, de Eduardo Neri, y Francisco García González, de Chilapa, quienes han sido públicamente acusados de pertenecer a Los Rojos.
García González –quien acusó a Proceso de pretender "perjudicar su imagen" y "desacreditar su administración"– distribuyó el jueves 10 un comunicado para deslindarse de la delincuencia organizada. Dijo tener la conciencia tranquila y que si hay alguna acusación en su contra, se canalice ante las autoridades.
En el comunicado el edil –perteneciente al grupo político del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer– se declaró incompetente para revertir los efectos de la narcoviolencia en su municipio y pidió ayuda a las autoridades federales y estatales. Además recomendó a la población no salir de sus casas de noche.
Reportes federales señalan que actualmente Chilapa está controlada por Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, jefe de una célula al servicio de Los Rojos. Los mismos informes indican que a Los Ardillos, grupo afincado en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, los dirige la familia del diputado local perredista y actual presidente del Congreso de Guerrero, Bernardo Ortega Jiménez.
Desde enero Proceso ha documentado una serie de hechos de violencia y detenciones realizadas por agentes federales y estatales en Chilapa, que demostrarían los nexos de las autoridades locales y los políticos con la delincuencia organizada. En aquel mes, este semanario reveló que agentes ministeriales detuvieron en noviembre de 2013 al oficial mayor del ayuntamiento de Chilapa, Vicente Jiménez Aranda, señalado como integrante de Los Rojos y acusado del secuestro de un empresario de Chilpancingo. El funcionario municipal, considerado operador político y mano derecha del alcalde, está en la cárcel.
Proceso también dio a conocer que el 30 de diciembre del año pasado un comando irrumpió en la comunidad indígena de Ayahualulco, de donde levantaron al regidor petista Cleto Mendoza, quien sigue desaparecido.
El pasado 16 de marzo este semanario informó (Proceso 1950) que agentes federales detuvieron a Lizbeth Cantorán Guerrero, La Güera, en Chilapa. La joven de 25 años, sobrina del diputado local perredista Miguel Cantorán Gatica, es señalada por autoridades federales como operadora del jefe de Los Rojos en ese municipio y actualmente está en un penal federal, donde enfrenta cargos de narcotráfico, secuestro y extorsión.
Los informes federales refieren que la confrontación entre bandas en Chilapa no sólo trata de controlar la ruta de la droga, sino ejercer dominio político sobre esta zona.
En este contexto han sido reiterados los señalamientos públicos contra el alcalde priísta de Chilapa por sus presuntos nexos con Los Rojos, grupo que tenía el control de varias zonas de la región Centro, entre ellas la capital estatal.
Incluso, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció la indolencia gubernamental que prevalece en Chilapa, pues a pesar de que las autoridades de los tres niveles de Gobierno saben de la existencia de una banda criminal que opera impunemente, no hacen nada para revertir la situación.
Culpa a Proceso
El recrudecimiento de la violencia en Chilapa obligó al alcalde a reaccionar lanzando acusaciones contra Proceso en un comunicado:
"Niego categóricamente tener nexos con algún grupo de la delincuencia organizada y me deslindo de las acusaciones mediáticas que desde hace algunos meses han realizado a mi persona en la página de Proceso, cuyo fin solo es perjudicar mi imagen y desacreditar el trabajo que he venido realizando en el municipio de Chilapa, si alguien tiene alguna acusación, lo invito a hacerla por la vía jurídica presentando las pruebas pertinentes; tengo la consciencia tranquila y continuaré dando cumplimiento a las responsabilidades que la sociedad Chilapense me ha confiado" (sic).
En el mismo comunicado pidió a los medios no especular y evitar difundir datos que promueven el pánico y la zozobra entre la ciudadanía al "hacer ver a Chilapa como escenario de guerra".
También atribuyó la dramática situación en su municipio a "una ola de violencia que se extiende desde la capital del estado", y pidió a la sociedad evitar salir de sus hogares por las noches "mientras se restablece el clima de tranquilidad y paz social".
García González informó que solicitó al gobernador Aguirre una reunión con los gabinetes de seguridad pública estatal y federal para tratar de revertir los efectos de la narcoviolencia en su municipio.
Minutos después de que el comunicado oficial fue enviado a las redacciones locales y difundido en internet, la violencia se volvió a desatar en Chilapa.
Llega 'El H'
El reacomodo de la estructura criminal en la región Centro exhibió la presencia en Chilpancingo del grupo de El H, que puso en jaque al gobernador Aguirre y al alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, quienes fueron vinculados con el narcotraficante José Carlos Moreno Flores, La Calentura.
En septiembre de 2011 la Secretaría de la Defensa informó que La Calentura había sido detenido por militares en el Distrito Federal; estaba acusado de ser operador de Joaquín El Chapo Guzmán, responsable del trasiego de cocaína de Centroamérica a Estados Unidos y de controlar las zonas de cultivo de amapola y tráfico de heroína en la sierra de Guerrero.
Las autoridades federales ubican a La Calentura como primo del alcalde Moreno Arcos.
Reportes oficiales consultados por este corresponsal consignan que el capo habría salido recientemente de la cárcel y tras el desmantelamiento de Los Rojos reasumió el control de la sierra y de la región centro de la entidad, en alianza con Guerreros Unidos.
Esta situación provocó una reacción violenta de un nuevo grupo denominado Cárteles Unidos que se sumó a la disputa de la plaza.
La madrugada del miércoles 2 fueron hallados tres ejecutados a un costado de las oficinas del Centro Operativo de Estrategia de la Procuraduría General de la República, en Chilpancingo.
Los sicarios dejaron sobre los cadáveres un narcomensaje: "Gracias Aguirre por tu gobierno junto con tu socio La Calentura y su primo el presidente, pinches traicioneros de mierda, creen que su gobierno nos va a asustar ja ja ja. Atte. Carteles Unidos" (sic).
Un día antes el grupo ligado a El H tapizó Chilpancingo con narcomantas donde advertían de un recrudecimiento de la violencia; los mensajes fueron dirigidos también a La Calentura, a los remanentes de Los Rojos y a operadores de Guerreros Unidos.
"Lo que sucedió en Chilpancingo fue la intervención de otro grupo delictivo. Ustedes recordarán que había dos en la disputa, Los Rojos y Guerreros Unidos. Hoy la información que tenemos es que está participando otro grupo que en el pasado había tenido una mayor injerencia", dijo Aguirre.
Ante reporteros el mandatario estatal desestimó las acusaciones del grupo de El H en su contra, argumentando que está preparado "para eso y más".
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