jueves, 7 de febrero de 2013

Obliga crimen organizado a ediles de Michoacán a pagar protección - El Mexicano

MORELIA, Mich. (AFP).- Alcaldes de Michoacán reconocieron que están obligados a pagar una cuota a integrantes del crimen organizado para garantizar su integridad física.

Wilfrido Flores Villa, presidente municipal interino de la localidad de Nahutzen, fue asesinado a balazos el pasado lunes en la mañana cuando se encontraba desayunando con su esposa en un restaurante de Pátzcuaro, un poblado cercano a su municipio, a unos 350 km de la capital mexicana.

Las bandas del crimen organizado en esa zona, principalmente el cártel Los Caballeros Templarios -que nació y opera en Michoacán-, han hecho del llamado "cobro de piso" una lucrativa forma de obtener ingresos bajo un régimen de terror, con el que obligan a ricos y pobres a pagar para no ser secuestrados o asesinados.

"La inseguridad es algo que nos está afectando, es algo que todo el mundo lo sabe pero nadie lo dice, porque nosotros tenemos que lidiar con la delincuencia organizada, y tenemos que pagar impuestos a ellos", dijo a la AFP uno de los cinco presidentes municipales consultados, que pidieron guardar el anonimato.

"No te dejan alternativa, ahora sí, como dice el dicho, 'o cooperas o cuello'", agregó otro.

Este último señaló pagar una cuota a los delincuentes "no es algo que nosotros queramos hacer, es algo que nos obligan a hacer, no hay para dónde hacerse (ir), no es una opción que te den".

Los alcaldes se ven obligados a hacer un pago mensual de aproximadamente 800 dólares a los delincuentes, que se efectúa en las mismas oficinas de las presidencias municipales, adonde los integrantes del crimen organizado se presentan sin avisar para exigirlo.

Ricardo Guzmán Romero, quien fuera un carismático alcalde de La Piedad, otro municipio de Michoacán, fue asesinado en noviembre de 2011 unos días antes de terminar su mandato.

Pero Vinicio Aguilera Garibay, subprocurador regional en Morelia, capital estatal, aseguró que pagar al crimen organizado es un delito.

"Quien forma parte de un órgano legalmente constituido no puede participar de ninguna forma con el crimen organizado o con la delincuencia (...) No se puede pagar cuotas, es ilegal", dijo a la AFP el funcionario.

Los alcaldes de Michoacán que están más amenazados son los de municipios que limitan con otros estados mexicanos, cuyos cárteles regionales se disputan con Los Caballeros Templarios el control territorial para efectuar actividades criminales.

Aguilera Garibay sostuvo que los presidentes municipales amenazados por los narcotraficantes tienen la obligación de denunciar ante las autoridades, toda vez que el dinero que pagan a los delincuentes es parte del erario público.

Los alcaldes, por su parte, dicen tener miedo de las represalias de la mafia, cuyo arsenal es mucho más poderoso que el de los policías municipales.

En todo México han sido asesinados 31 presidentes municipales desde 2006, según cifras de la Federación Nacional de Municipios de México, siendo Michoacán y Durango los estados más afectados.

El cobro de una cuota y la extorsión a comerciantes y ciudadanos se ha convertido en una amenaza en muchas zonas del país, donde el crimen organizado actúa impunemente.

Los pobladores de Cherán decidieron en julio de 2011 hacerse cargo de la seguridad para protegerse de una organización criminal dedicada a la tala de bosques y que también los acosaba.

Más recientemente, hartos de las amenazas de bandas criminales que secuestran, extorsionan y matan, los habitantes de al menos seis municipios de la montaña del vecino estado de Guerrero (sur), se empezaron a organizar desde el 6 de enero para formar policías comunitarias.

Unos mil campesinos armados con escopetas y machetes instalaron retenes en las carreteras y patrullan con el rostro cubierto las calles de sus poblados para detener a los delincuentes.

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