lunes, 11 de febrero de 2013

Crimen organizado se ha apropiado de gran cantidad del territorio - ElHeraldo.hn

Tegucigalpa,

Honduras

Honduras mantiene el primer lugar en el mundo en cuanto a índice de homicidios. Y es que la tasa, según cifras oficiales de 2012, apenas se redujo a 85.5 homicidios por 100,000 habitantes.

El diagnóstico "Desplazamiento forzado y necesidades de protección generados por nuevas formas de violencia y criminalidad en Centroamérica", elaborado por el Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (Cidehum) a solicitud del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), establece cifras reveladoras sobre el impacto del crimen organizado en países como Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Y es que, según cifras de 2010, solo ese año alrededor de 8,400 centroamericanos hicieron solicitudes de asilo para ser considerados "refugiados". De estos, 1,661 solicitantes fueron hondureños.

Las cifras de Acnur establecen que 3,808 fueron de El Salvador, 2,582 de Guatemala y apenas 373 fueron de Nicaragua. En el caso de Honduras, las solicitudes de asilo han sido variables desde 2005.

En 2005, es decir, en el último año del gobierno Maduro, solicitaron asilo 1,054 hondureños. A partir de 2006, en el gobierno de Manuel Zelaya, la cifra fue en aumento.

Para el caso, en el 2006 hubo 1,225 solicitudes, en 2007 hubo 1353, en 2008 la cifra se elevó a 1448 y en 2009 hubo 1502.

El análisis

De acuerdo al diagnóstico, el crimen organizado genera altos índices de violencia y afectación hacia la población hondureña (incluyendo desplazamiento forzado al interior del país y hacia Norteamérica y Costa Rica).

El propio presidente Porfirio Lobo Sosa insiste en que Honduras enfrenta altos índices de criminalidad por la posición geográfica, que ubica al país entre los países productores y consumidores de droga.

Sin embargo, esta justificación no es del toda acertada (en opinión de analistas), ya que Nicaragua es vecino del país, con amplia extensión caribeña y fronteriza con Colombia, y su tasa de homicidios es de apenas 13 por 100,000 habitantes, es decir, casi seis veces menor que la de Honduras.

El diagnóstico aporta información relevante para entender la vorágine de violencia en Honduras y el resto de Centroamérica. Se identifica que la violencia no solo está relacionada con el narcotráfico, sino también con las maras o pandillas organizadas.

Este argumento encuentra validez en el hecho de que la tasa de homicidios ha bajado en El Salvador desde que, por mediación de organizaciones no gubernamentales, las maras y pandillas han acordado treguas y acuerdos de paz.

Estos acuerdos han permitido reducir dramáticamente los índices de homicidios.

El diagnóstico, al que tuvo acceso EL HERALDO, revela que en Honduras también se están dando las extorsiones (cobro de cuotas o "impuesto de guerra"), las amenazas directas a la población en general, los homicidios y los secuestros como modus operandi del crimen organizado.

Estado contaminado

Y destaca que esta situación no solamente está afectando a la población civil, sino también a autoridades gubernamentales, militares y policiales.

"Al entrevistar a las autoridades concernidas, se observa el reconocimiento por parte de las mismas de la capacidad del crimen organizado para infiltrarse en algunos sectores de las instituciones del Estado y sectores de las fuerzas del orden. Se observa impunidad de criminales que trabajan con el crimen organizado, a raíz de la falta de denuncia, la desconfianza y el temor a la revictimización", cita el informe.

Un aspecto alarmante es que el diagnóstico identifica a Honduras como un país donde el crimen organizado ha extendido sus tentáculos.

Este informe establece que hay 10 departamentos identificados como de mayor riesgo para desplazamientos por el crimen organizado.

Estos departamentos, en los que viven alrededor de 6.5 millones de habitantes (75% de la población), son Atlántida, Cortés, Colón, Copán, Francisco Morazán, Santa Bárbara, Comayagua, Yoro, Olancho y Choluteca.

Y ante la presencia del crimen organizado en casi todo el país, la advertencia es grave: "El patrón del desplazamiento forzado en Honduras a causa del accionar del crimen organizado no dista mucho del señalado para el caso de Guatemala y El Salvador; y aunque mantiene extensiones territoriales parecidas a Guatemala, es posible afirmar que ofrece muy pocas opciones de desplazamiento forzado interno, ya que el crimen organizado se ha apropiado de gran cantidad de territorios en el país".

El diagnóstico aduce esto "por la presencia de maras o pandillas organizadas principalmente en la ciudad capital (Tegucigalpa y Comayagüela) y la capital comercial del país (San Pedro Sula y zonas aledañas), y por el accionar de los carteles de droga en el oriente del país (departamento de Gracias a Dios) y en algunas zonas del occidente y noroccidente (Atlántida, Cortés, Copán y Ocotepeque)".

Fenómeno migratorio

Entre los principales hallazgos, los investigadores establecieron que el crimen organizado ha aumentado su presencia y efectos negativos en Centroamérica, lo cual se evidencia por medio de las extorsiones, asesinatos, reclutamiento forzoso, control estratégico de territorios, el temor generalizado en la población, el aumento de los índices de violencia (históricamente elevados en estos países) y la colusión y el debilitamiento de las estructuras de los estados.

Ante esta situación, la protección nacional está siendo un recurso incipiente, ineficaz e insuficiente, no por falta de voluntad política de los estados, sino por la mayor presencia del crimen organizado y la violencia generada por su accionar.

Destaca que a partir del accionar del crimen organizado, tanto las víctimas (desplazados forzados) como la población en riesgo, han carecido de mecanismos de protección nacional efectivos (en el caso del desplazamiento forzado interno) e internacional (cuando se da el cruce forzoso de fronteras).

Ante la falta de protección, esta población se esconde, huye, emigra de manera irregular, busca sumarse y confundirse con la población que migra hacia el norte por motivos socioeconómicos y, en general, estas personas no solicitan directamente protección internacional como refugiadas por temor a que el crimen organizado o sus sectores afines las identifiquen.

Se descubrió que la población más vulnerable ante el accionar del crimen organizado son las personas menores no acompañadas, así como las mujeres solas y las mujeres jefas de hogar con hijos e hijas pequeñas. Sus necesidades de protección están relacionadas con la salvaguarda de sus vidas e integridad personal.

A su vez, se ponen en evidencia una serie de necesidades relacionadas con la condición traumática en que se encuentran las personas víctimas a causa de múltiples pérdidas significativas, materiales y emocionales, por ejemplo el puesto de trabajo, la casa o un familiar cercano.

Destaca el miedo, la desconfianza generalizada y las dificultades para tomar decisiones adecuadas respecto a su futuro inmediato y proyecto de vida.

Preocupan reformas en El Salvador

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su honda preocupación por una decisión del Congreso de El Salvador que implica un retroceso para los ciudadanos en su capacidad de acceder a la información producida por el Estado.

"Es muy preocupante que los parlamentarios salvadoreños hayan resuelto modificar, para mal, una ley que era buena para la libertad de expresión en general", declaró Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Diputados del oficialismo aprobaron el viernes 8 de febrero, por una mayoría de 46 a 29, reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que reiteran la reserva de información pública y quitan autoridad al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) frente a las instituciones del Estado.

La oposición calificó la decisión del oficialismo como un atentado contra el derecho a la información de la población salvadoreña.

El coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción (Alac), Roberto Burgos, dijo que "las reformas constituyen un obstáculo para el ejercicio del derecho al acceso a la información pública".

Burgos anunció que pedirá declarar inconstitucional la reforma ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

A su vez, el representante de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta, dijo que las reformas a la LAIP "violan los derechos humanos y abren portillos a la corrupción".

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos condenó las reformas aprobadas y recordó que la LAIP procura la transparencia del Estado.

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