miércoles, 6 de febrero de 2013

Alcaldes del oeste de México pagan al crimen organizado para no ... - Terra.com

Alcaldes de Michoacán, un estado del oeste de México azotado por pugnas de cárteles del narcotráfico y donde esta semana asesinaron a un edil, reconocieron que están obligados a pagar una cuota a integrantes del crimen organizado para garantizar su integridad física.

Wilfrido Flores Villa, presidente municipal interino de Nahutzen, fue asesinado a balazos el lunes en la mañana cuando se encontraba desayunando con su esposa en un restaurante de Pátzcuaro, un poblado cercano a su municipio, a unos 350 km de la capital mexicana.

En todo México han sido asesinados 31 alcaldes desde 2006 según cifras de la Federación Nacional de Municipios de México, siendo Michoacán junto con Durango (norte) los estados más afectados.

Los integrantes del crimen organizado, principalmente del cártel de Los Caballeros Templarios, que nació y opera en Michoacán, han hecho del llamado "cobro de piso" una lucrativa forma de obtener ingresos bajo un régimen de terror con el que obligan a ricos y a pobres a pagar para no ser secuestrados o asesinados.

"La inseguridad es algo que nos está afectando, es algo que todo el mundo lo sabe pero nadie lo dice, porque nosotros tenemos que lidiar con la delincuencia organizada, y tenemos que pagar impuestos a ellos", dijo a la AFP uno de los cinco presidentes municipales consultados, que pidieron guardar el anonimato.

"No te dejan alternativa, ahora si, como dice el dicho, 'o cooperas o cuello'", agregó otro.

Este último señaló que pagar una cuota a los delincuentes "no es algo que nosotros queramos hacer, es algo que nos obligan a hacer, no hay para dónde hacerse (ir), no es una opción que te den".

Ricardo Guzmán Romero, un carismático alcalde en La Piedad, otro municipio de Michoacán, fue asesinado en noviembre de 2011 unos días antes de terminar su mandato.

Pero Vinicio Aguilera Garibay, subprocurador regional en Morelia, capital estatal, aseguró que pagar al crimen organizado es un delito.

"Quien forma parte de un órgano legalmente constituido no puede participar de ninguna forma con el crimen organizado o con la delincuencia (...) No se puede pagar cuotas, es ilegal", dijo a la AFP el funcionario.

Los alcaldes que están más amenazados son los de los municipios de Michoacán que limitan con otras entidades mexicanas y donde otros cárteles se disputan con Los Caballeros Templarios el control de las actividades criminales de las plazas.

Aguilera Garibay sostuvo que los presidentes municipales amenazados por los narcotraficantes tienen la obligación de denunciar ante las autoridades, toda vez que el dinero que pagan a los delincuentes es parte del erario público.

Los alcaldes, por su parte, dicen tener miedo de las represalias de los criminales, cuyo arcenal es mucho más poderoso que el de los policías municipales.

En Cherán, un municipio indígena incrustado en las montañas de Michoacán, los pobladores decidieron en julio de 2011 hacerse cargo de la seguridad para protegerse de una organización criminal dedicada a la tala de los bosques y que también los acosaba.

Más recientemente, hartos de las amenazas de los integrantes del crimen organizado que los secuestran, extorsionan y matan, los habitantes de al menos seis municipios de comunidades de la montaña en el vecino estado de Guerrero (sur), se empezaron a organizar desde el 6 de enero para formar policías comunitarias.

Unos mil campesinos armados con escopetas y machetes instalaron retenes en las carreteras y patrullan con el rostro cubierto las calles de sus poblados para detener a los delincuentes.

El cobro de una cuota y la extorsión a comerciantes y ciudadanos se ha convertido en una amenaza en muchas zonas del país, donde el crimen organizado actúa impunemente.

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