El pasado miércoles, poco antes de desaparecer, Gabriel Huge, un experimentado fotógrafo conocido entre sus compañeros del gremio como "El Mariachi", entregó a su hermana las llaves de su coche, las de su moto y su cámara. "Me entregó su cámara, imagínate, ahora pienso que él sabía lo que iba a pasar", dijo Mercedes Varela, también madre de Guillermo Luna, un joven de 22 años que había decidido seguir la profesión de su tío y que fue asesinado junto con él, informó AFP.
Los cadáveres fueron encontrados muy temprano el jueves, Día Internacional de la Libertad de Prensa, en bolsas negras sumergidas en un canal en el municipio de Boca del Río, parte de la zona metropolitana de Veracruz, en el Golfo de México. El hallazgo ocurrió solo cinco días después de que Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, fuera localizada estrangulada en su domicilio de Xalapa, capital del estado.
Un periodista veracruzano, que pidió guardar el anonimato por temor a represalias, recordó que hace más de nueve meses que los encargados de cubrir la información policiaca han dejado de recibir llamadas de integrantes del crimen organizado para controlar la información.
Antes, los llamaban anónimamente a sus teléfonos móviles para obligarlos a no publicar alguna información o llegaban al lugar donde cubrían un accidente o un asesinato para expulsarlos del sitio. También les hacían llamadas cuando querían la presencia de la prensa para que difundiera un hecho.
Sin embargo, esto no sucede desde julio pasado, cuando secuestraron y mataron a Yolanda Ordaz, reportera de asuntos policiacos de Notiver, un diario donde también habían trabajado Huge y Miguel Ángel López, asesinado un mes antes junto con su esposa y su hijo, éste último también periodista.
"Ahora sabemos que la amenaza sigue, porque siguen apareciendo cuerpos", añadió el periodista. Ocho reporteros y fotógrafos han sido ultimados en Veracruz desde 2011.
La disputa entre el cártel Los Zetas, una organización criminal formada en la década de 1990 por exmilitares de élite desertores, y una agrupación llamada Nueva Generación, vinculada al poderoso capo Joaquín "Chapo" Guzmán, se recrudeció en Veracruz en 2011 y ha dejado a los comunicadores en medio del fuego cruzado.
El gobierno "nos ofreció apoyo" para contar con protección policial, dijo de su lado Martín Lara, director de Veracruznews, una agencia de noticias para la que trabajaba Guillermo Luna.
Pero "no puedes andar con miedo de algo que es invisible", agregó, pues los periodistas nunca saben quién hace las amenazas y se mueven entre dos frentes cuya línea de fuego no es visible.
Las autoridades atribuyeron a Nueva Generación (o "Matazetas") el asesinato de más de 90 personas en septiembre pasado en Boca del Río, de las que 35 aparecieron apiladas en camionetas en una importante avenida de Veracruz, que cuenta con uno de los puertos más dinámicos de México.
Esta ciudad, que hasta hace poco era famosa por sus tradicionales cafés y plazas para bailar en las noches, alejó en octubre pasado a los turistas con la llegada de cientos de militares encapuchados que desde entonces patrullan las calles.
En ese ambiente de zozobra, con poca presencia de los medios locales y de autoridades, se llevaron a cabo el viernes los funerales por los tres fotógrafos, entre los que se encontraba también Esteban Rodríguez, hasta el año pasado reportero gráfico del diario A.Z., y Iracema Becerra, empleada de administración del periódico El Dictamen.
Por seguridad, "ni se acerquen a los velorios", advirtieron algunos directivos de periódicos a sus empleados, según un reportero. Tras el cuádruple crimen, el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, anunció la conformación de dos organismos especializados para protección de víctimas del delito y de los periodistas.
Entretanto, varios cientos de informadores se manifestaron en varias ciudades de México para protestar por el asesinato de sus colegas en Veracruz y denunciar la impunidad con que se comete este tipo de crímenes.
Según la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos, más de 77 periodistas han sido asesinados en México desde 2000.
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